UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES.

 

 

 

 

CURSO:

 

SEMINARIO POLITICO

 

 

 

CATEDRÁTICO:

 

LIC. EFRAIN JOVEL REYES

 

 

 

 

 

ENSAYO SOBRE: PRIVATAZACION DEL AGUA Y SUS IMPACTOS POLÍTICOS-SOCIALES. CASOS BOLIVIA, HONDURAS Y SUDÁFRICA 1995-2003

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR:

 

GRACIA  IVONNE BONILLA MORÁN

LILIANA MICHELLE GIRON LOPEZ

IRIS YESENIA LEIVA MORENO

 

 

 

 

GRUPO:

02

 

 

 

CIUDAD UNIVERSITARIA, 16 DE SEPTIEMBRE DE  2003.

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

 

 

Introducción................................................................................................................ 1

           

 

Privatización del agua................................................................................................  2

 

 

1. Caso Bolivia............................................................................................................   3

 

 

            1.1 Repercusiones político-sociales.................................................................    4

 

 

2. Caso Honduras......................................................................................................     5

 

 

            2.1Repercusiones político-sociales...................................................................   6

 

 

3. Caso Sudáfrica.........................................................................................................  8

 

3.1. Privatización del servicio del agua..............................................................  8

 

            3.2.  Repercusiones político-sociales.................................................................   9

 

 

Conclusión....................................................................................................................  10

 

 

Bibliografía...................................................................................................................  12

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATIZACION DEL AGUA Y SUS IMPACTOS POLITICO-SOCIALES

CASOS: BOLIVIA, HONDURAS Y SUDÁFRICA

 

La destrucción progresiva del medio ambiente, a causa del desarrollo tecnológico, comercial e industrial que está experimentando la sociedad mundial ha conducido a la reducción significativa de las reservas acuíferas a nivel global, así como a la contaminación de océanos, mares y ríos. El problema más significativo del nuevo siglo será precisamente la explotación indiscriminada del agua por parte de las empresas transnacionales y países poderosos que pretenden apoderarse y administrar según sus intereses dicho recurso. Así, el agua pasará de ser un bien social para convertirse en un bien comercial, con un precio determinado, a razonamiento de estas empresas y vendido al mejor postor, en el mercado nacional e internacional, gracias a las facilidades y prestaciones que otorgan los países huéspedes. Dentro de este contexto, la problemática se centra en el estudio y análisis del impacto político-social, de los Estados que propician la privatización del agua, en países en vías de desarrollo, tales como: Bolivia, Honduras y Sudáfrica.

Asimismo, se puede evidenciar que la privatización del agua trae consigo graves repercusiones en materia política y social, ya que por un lado, se observa el papel de las grandes empresas transnacionales de invadir y apropiarse de este vital recurso junto con las facilidades de penetración que prestan los gobiernos para su inserción y por otro, el rechazo de la ciudadanía a través de reclamos y levantamientos civiles en contra de este fenómeno, casos como los que se dieron en: Bolivia, Honduras y Sudáfrica.

Por tales consideraciones, se hace necesario llevar a cabo un estudio critico del impacto político-social que acarrea la privatización del agua, principalmente en países con débil economía y que son poseedores de este vital líquido, así como el papel de las empresas transnacionales, al planificar estrategias de penetración y adecuación de las leyes  internacionales a su  conveniencia.

Por lo tanto, se pretende identificar las principales repercusiones político-sociales que encierra la privatización del agua y que se han visto reflejadas en naciones como: Bolivia, Honduras y Sudáfrica. Así como también, reflexionar y criticar las políticas de las Organizaciones Internacionales que tienden a favorecer los intereses de los Estados más poderosos y la pasividad de los países periféricos de permitir el ingreso y explotación de sus recursos naturales.

 

Privatización del agua

El sistema capitalista,  si bien es cierto, demuestra poseer elementos positivos que contribuyen al desarrollo económico de las sociedades, no obstante contribuye al deterioro de factores fundamentales para la humanidad, como es el medio ambiente; ya que este modelo supone la explotación y transformación de los recursos naturales en productos comerciales. De esta forma, el modelo capitalista  crea y se auxilia de organismos internacionales como: la Organización Mundial del Comercio (OMC), Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI), para poder legalizar las estrategias de liberalización de los mercados y facilitar la penetración de las Empresas Transnacionales en zonas estratégicas del mundo.

Esto se evidencia en la normativa interna de la OMC, a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que es el conjunto de normas multilaterales, firmada por los Estados miembros de la OMC, que rigen el comercio internacional de todos los servicios[1], siendo su fin principal la liberalización  y  privatización de  los servicios públicos, otorgando un marco institucional con compromisos formales que se aplican a todos los países  miembros de la OMC y a los que se subordinan las políticas nacionales y tratados internacionales existentes sin fijar limites de duración del proceso, hasta alcanzar la liberalización total y estableciendo unas normas que lo hacen irreversible en la practica.

Respecto a la privatización del agua existen tres formas  de aplicación a nivel mundial:

a)      Venta total de los sistemas de distribución, tratamiento y/o almacenamiento por parte del Estado, a favor de las Empresas Transnacionales (ETNs).

b)      Concesión por parte de los Estados Nacionales para que las ETNs se hagan cargo del servicio y del cobro por la operación y mantenimiento del sistema en uso, siendo las ganancias gestionadas en su totalidad por estas mismas.

c)      Es un modelo “restringido” en el que el Estado nacional contrata a una Empresa Transnacional (ETN) para que administre el servicio de agua, a cambio de un pago por costos administrativos. La ETN puede hacer o no cobro del servicio pero en ambos casos no tiene acceso a las ganancias generadas. Aunque las tres formas se han aplicado en diversas partes del mundo, la más popular, ha sido la segunda.

Actualmente, el resultado del gran negocio del agua se refleja en la intensa carrera por abrir el “acceso, gestión o usufructo” de ese recurso al mercado global. En consecuencia, muchos países han seguido las políticas de la OMC, dejando en manos privadas sus servicios públicos, específicamente  el agua, bajo el argumento de la ineficiencia de la administración estatal, además, los gobiernos y municipalidades generalmente esperan que las privatizaciones beneficien a su propia economía, recurriendo al procedimiento de vender para reducir las deudas o déficit del gobierno mismo. Pero ésto puede entrar en conflicto con las necesidades financieras del servicio de agua, ya que el precio que está dispuesta a pagar una empresa privada por una concesión depende del flujo de ganancias que pueda esperar, las cuales a su vez, se verán afectadas por las tarifas que cobre a los usuarios y de la generosidad de las condiciones, como la regulación, por ejemplo. Así, lo que es bueno para la hacienda pública quizá no sea lo mejor para los usuarios del servicio de agua. Este fenómeno se evidencia en muchos países alrededor del mundo, pero para efectos del presente trabajo se estudiaran los casos de: Honduras, Bolivia y Sudáfrica.

 

1. Caso: Bolivia

La privatización de las empresas administradoras y distribuidoras del servicio de agua, son una muestra en Bolivia de la conflictividad que implica dicho fenómeno y la incompatibilidad entre la búsqueda de las ganancias con la provisión justa de servicios básicos.

El gobierno boliviano hizo aprobar una ley de agua potable producto de una consultoría financiada por el BID a pesar del rechazo total de los campesinos.  Dicha ley contiene una orientación mercantilista, asimismo preferencias para concesionarios comerciales, desconocimiento de usos y costumbres y creación de  facto de un “zar” (superintendente de aguas).

La Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley 2029), promulgada en Bolivia el 20 de octubre de 1999, que privatiza esos servicios básicos, sin tomar en cuenta los altos costos sociales y ambientales de tal medida, contó con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que generó la movilización en su contra de amplios sectores del país.

Las facilidades que la ley otorga a los concesionarios, como Aguas del Tunari, les permiten proponer tarifas que desean cobrar que se constituyen en la base de aprobación por parte de la Superintendencia. En consecuencia, esta empresa aplicó un "tarifazo" en la ciudad de Cochabamba, motivo por el cual se presenciaron serias revueltas, con lo que, de esta manera la población, dio a conocer su desacuerdo  por el alza desproporcionada de tarifas, la firma de un contrato de concesión que lesiona seriamente la economía de la población y la aprobación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

La privatización del agua en Bolivia se dio por primera vez en 1997 en La Paz, cuando el gobierno otorgó la concesión a la empresa Aguas de Tunari, el cual es un consorcio dirigido por la empresa Bechtel.

En las ciudades de La Paz y El Alto (Bolivia), la privatización del servicio se hizo por medio de una concesión.  En 1999 la privatización del agua en Cochabamba, fue una realidad; sin embargo, en 2002 la privatización pudo ser revertida, luego de masivas movilizaciones civiles.

 En Cochabamba después de la distribución del agua, fue concesionada a Bechtel, la tarifa mensual subió 400%, de 5 a 20 dólares. Esos 15 dólares de diferencia suponían la comida de una familia en una semana y media. Bechtel, el problema que enfrenta esta empresa es como ganar dinero vendiendo el agua, si el 60% de la población tiene un ingreso per cápita de 80 centavos de dólar al día. La empresa de agua más grande de Estados Unidos, tuvo que salir de Bolivia en 2002, pero demandó por 25 millones de dólares a Cochabamba por las ganancias que dejó de percibir.

Frente a esta demanda, un conjunto de organizaciones e instituciones de diferentes países  iniciaron una campaña para frenar este atropello. Producto de un conjunto de acciones de lobby, una campaña de información y denuncia, la máxima autoridad del gobierno municipal de San Francisco, California, EEUU, la Mesa Directiva de Supervisores de San Francisco, donde tiene su sede la Bechtel emitió una resolución en la que se exige a la Corporación Bechtel y su subsidiaria boliviana, Aguas del Tunari, a que retire inmediatamente su demanda punitiva legal en cortes internacionales contra Bolivia y su pueblo, y de abstenerse de iniciar cualquier otro litigio o demanda de mediación ­ dentro o fuera de las fronteras de los EEUU ­ con dicho país sudamericano.

 

1.1.Repercusiones político-sociales

 

La experiencia boliviana respecto a la concesión del sistema de agua, ha reflejado las siguientes repercusiones:

-         Conlleva a reasignar costos que ellos mismos reconocen que producen efectos adversos al bienestar social.

-         Existen parámetros económicos exigidos por las instituciones financieras, es decir los proponentes de la privatización buscan a través de las tarifas más elevadas recuperar plenamente los costos de operación.

-         Con la privatización del servicio, automáticamente se eliminan los subsidios directos del estado

-         Existen descontento social masivo sobre todo de las comunidades de escasos recursos.  En consecuencia, la reversión de la privatización de Cochabamba

-         La empresa privada dicta las tarifas que más le convenga y su lema es a mayor consumo del servicio, mayor costo por unidad del agua, así las tarifas son elevadas para todos.

-         La privatización del agua acarrea altos costos sociales y daños ambientales irreversibles.

-         Aumenta la deuda externa, ya que organismos internacionales como el FMI y BM designan millones de dólares para “supuestas adecuaciones y mejoramientos”de los sistemas acuíferos.

Finalmente se puede afirmar sin duda que las supuestas bondades de los procesos de privatización, específicamente en Bolivia no son mas que artificios de los grandes capitalistas que solo buscan exportar los recursos naturales del hemisferio y administrar el control de todo aquello que pueda ser convertido en mercancía comercial, sin tomar en cuenta las necesidades de la población.

 

2. Caso: Honduras

Honduras ha sido uno de los países que ha experimentado algunos rasgos de la privatización, con la famosa “municipalización”,  ya que consiste en dejar al municipio la administración del servicio de agua, dándole el gobierno las facilidades y autorización de poder acudir a empresas privadas para que desempeñen este trabajo. Este proceso ya esta siendo aplicado en varias municipalidades del país con un éxito aparente, entre estas ciudades podemos mencionar: las ciudades de Puerto Cortés y San Pedro Sula, en el departamento de Cortes; y Catacamas en Olancho. El problema surge, actualmente cuando se pretende la aprobación de una Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento que sentará las bases jurídicas de un cuestionado proceso de municipalización del servicio. La municipalización, para quienes se oponen al proceso, se plantea como el paso previo a la privatización del servicio; a esto atribuyen que éste es un modelo que no ha nacido en Honduras, cuya matriz no ha sido la realidad hondureña sino que viene de organismos internacionales y por lo tanto, no debe ser aprobada por sus habitantes ni mucho menos por quienes tienen el poder político en el país.  Sólo el Alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras en la que habitan ya un millón de personas, ha dicho que a él no le interesa el proceso, pues su municipalidad no tiene la capacidad técnica y financiera para administrar el servicio y que, es seguro que, de aprobarse la municipalización, el agua potable de la capital sería privatizada.

La privatización introduce una nueva serie de exigencias financieras al sistema de suministro de agua que tienden a aumentar las tarifas del agua, pero esto implica al mismo tiempo, dejar fuera a la inmensa población, que siempre es la más pobre sin la obtención de este vital recurso. La tendencia principal de las potencias y los países industrializados es el control y  la monopolización de las fuentes de agua, y otra de las estrategias con la que tratan de justificar su penetración en países como Honduras es, aludiendo que éste ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de agua a sus ciudadanos y que por lo tanto hay que traspasar, concesionar, municipalizar, donar o vender los sistemas de distribución a la empresa privada. Según ellos, ésto volverá mucho mas eficiente el servicio, proporcionando mayor cobertura y mejor administración de los recursos.[2]

 

2.1 Repercusiones político-sociales            

Son muchas las repercusiones político-sociales que vienen de la mano con este fenómeno, a continuación presentaremos las mas importantes:

Ø      Las reformas del Estado que son introducidas por medio de la OMC, BM, FMI, comprometen a éstos a reducir el papel del sector publico y estimular la mayor participación del sector privado, aunque ésto en muchas ocasiones vaya en contra de los lineamientos jurídico-internos que rigen la soberanía de los mismos.

Ø      El agua ha sido declarada desde ya, en los organismos internacionales como: una mercancía que puede lanzarse al mercado como un bien, un servicio o una inversión, razón por la cual las empresas transnacionales pueden argumentar que de no abrirse al mercado mundial y entonces a sus inversiones, se estaría cayendo en una violación sancionable bajo las reglas del comercio internacional.

Ø      La carencia de candados constitucionales que coloquen al agua y la biodiversidad, como recursos estratégicos, en los casos mencionados, facilitan el saqueo, incluso de modo “legal”.

Ø      Se supone, que en un futuro no muy lejano se cree una intensificación de conflictos entre los países especialmente desarrollados, por el control y usufructo de este vital y singular recurso.

Ø      Sin más que desear, los gobiernos brindan mayores facilidades subsidiarias a las empresas multinacionales como General Motors, Ford, Intel[3],  tanto en los volúmenes como en su precio, para el uso del agua; subsidios que deberían establecerse en obras directas para el bienestar de la comunidad.

Ø      Los principales afectados con la realización de estos hechos son la inmensa mayoría de pobres, que especialmente viven en estos países donde llega la privatización. Pero la crisis se agudiza aun más, al tratarse de un recurso indudablemente necesario para la vida humana.

Ø      La población, proclama el derecho del uso del agua por medio de fuertes levantamientos y marchas, creando desequilibrios sociales en el interior de los países al oponerse a los cambios que su gobierno ha ejecutado, sin consultar su aprobación  a los más afectados.

Ø      Una alza inevitable del costo del servicio, por parte de las empresas privadas, ya que éstas hacen una evaluación de cobros, sin tomar en cuenta la capacidad de pago de sus oferentes. En tales casos, la extensión del acceso al agua, deja de ser una cuestión de política y depende de las fuerzas del mercado.

Ø      La corrupción es un rasgo constante de los procesos de privatización. Una empresa puede pagar para que se la incluya en la lista de licitantes idóneos o para restringir el número de ellos. Puede pagar para obtener una evaluación baja de la propiedad pública que se va a arrendar o liquidar, o para ser favorecida en el proceso de selección. Las empresas que pagan recompensas pueden esperar, no sólo obtener el contrato o ganar en la subasta de privatización, sino conseguir subsidios eficaces, ventajas de monopolio y laxitud de la regulación en el futuro.

Ø      La privatización del agua, en muchos casos, acarrea  mayores niveles de desempleo, pues de esta forma reducen los costos de producción y ésto les genera mayores ganancias.

Ø      Es muy probable, que en el  futuro se dependa aun más de la ayuda de los países desarrollados, ya no sólo financieramente sino también de la dotación de agua para sobrevivir.

La privatización del agua en Honduras, es uno de los tantos casos que se están suscitando en a nivel latinoamericano. Actualmente, se ha logrado parar momentáneamente la aprobación de la Ley de Aguas (que nunca fue concertada), debido a las masivas y violentas manifestaciones de los sectores populares hondureños frente al Congreso Nacional (octubre-2000).

 

3. Caso: Sudáfrica

En 1996, el BM implementó la Estrategia de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR) en Sudáfrica, hecho que ha provocado graves consecuencias que han conducido al país a una crisis de pobreza y a levantamientos sociales.  El problema es que la estrategia neoliberal no puede imponerse por encima de la opinión de la población, que es a la que le toca pagar las consecuencias de su fracaso. Además, es de tomar en cuenta que más del 10% de los sudafricanos carecen de alguna fuente de ingresos y casi el 50% viven por debajo de la línea de la pobreza[4].

En este sentido, el gobierno está siguiendo la política de vender una parte de las acciones de sus instituciones estatales a uno o varios socios estratégicos, normalmente a empresas internacionales, para así, mejorar la eficiencia en la gestión de las primeras. Al mismo tiempo, reserva una parte de las acciones para el National Empowerment Fund, fondo creado por el gobierno para controlar que las acciones de las empresas públicas privatizadas vayan destinadas a favor de grupos anteriormente marginados que se repartirían entre los trabajadores de la empresa, las instituciones financieras y  empresas controladas por grupos previamente marginados. Este conjunto de privatizaciones ha proporcionado ingresos al gobierno de  7339 millones de rands[5].

 

3.1. Privatización del servicio del agua

Desde 1996, más de 10 millones de sudafricanos han perdido el acceso al agua como consecuencia de la privatización, que ha provocado un alza de las tarifas hasta en un 600%.[6] Contrario a ello, la ONU expresa en uno de sus informes publicado en diciembre de 2002 sobre el agua y las metas globales alcanzadas, puesto que dice que de la población total de 42 millones, 14 millones carecían de agua potable limpia en 1994, pero que en siete años Sudáfrica ha reducido esta última cantidad a la mitad.

En el año 2000, la autoridad pública en el caso de las aguas de KwaZulu-Natal  impuso nuevas tarifas que trajo como consecuencia el corte del servicio a muchas familias, quienes se vieron obligadas a abastecerse de agua de ríos más cercanos, lo que provocó la muerte  de 300 personas y que más de 1200 se infectaran de cólera.

Por otro lado, el sector privado muchas veces se beneficia de un considerable apoyo financiero de las autoridades públicas, que debe ser reconocido de forma apropiada en todo proceso decisorio[7].  Un ejemplo sería el caso de Nelspruit, capital de la provincia de Mpumalanga, Sudáfrica, en donde se han aplicado múltiples formas de apoyo al sector privado, mediante el cual el suministro de agua se otorgó por contrato en 1999 a una concesión privada, administrada por la ETN británica Biwater.  El principal argumento presentado a favor de la concesión, fue la de atraer financiación privada.  La actividad privada se ha beneficiado de una nueva planta de tratamiento de agua en Matsulu, un suburbio de Nelspruit, que fue financiada por el gobierno de Portugal y construida por el gobierno sudafricano, pero que está cediendo gratuitamente al nuevo operador privado.  En julio de 2000, casi dos tercios de la financiación total del proyecto los obtuvo la Biwater mediante un préstamo de 125 millones de Rand concedido por el Banco de Desarrollo de Sudáfrica de propiedad estatal.

3.2. Repercusiones político-sociales

Finalmente puede concluirse que las consecuencias político-sociales que ha sufrido Sudáfrica a causa de la privatización del agua son las siguientes:

-         El descontento general de la población, sobre todo de la de escasos recursos, ha dado lugar a movilizaciones sociales pronunciándose en contra de los efectos que ha acarreado este tipo de política neoliberal.

-         Estos levantamientos sociales, reflejados en las huelgas sindicales y protestas de comunidades que quedaron sin el servicio, provocaron una inestabilidad política contemplada a través del ambiente antidemocrático que vivía el país.

-         Alza en las tarifas argumentado en la eficiencia del servicio aunado a la nueva tecnología con la que la empresa privatizadora pretendía auxiliarse para brindarlo a la población.

-         Por consiguiente, ante un alza del 600% en las tarifas, la población se vio afectada y muchos no alcanzaban a pagar dichas tarifas; por lo que el  gobierno acudió al corte del servicio dejándoles sin acceso al vital líquido a muchas familias.

-         En consecuencia, la población tuvo que arreglárselas para tener agua en sus casas, por lo que se vieron obligadas a acudir a ríos cercanos en donde muchos adquirieron enfermedades bacterianas y parasitarias que llevó algunos a la muerte.

En resumen, el gobierno sudafricano se ha comprometido a implementar y acelerar el proceso de privatización con el objetivo de optimizar los recursos de inversión y proporcionar oportunidades para fortalecer  la economía de la población, objetivo que hasta la fecha no ha sido alcanzado; ya que debido a estas privatizaciones Sudáfrica está sufriendo de una pobreza extrema, profundizada por la inaccesibilidad del liquido.

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, se puede concluir que la privatización del agua trae consigo graves consecuencias tanto sociales como políticas para la población, puesto que este es un recurso indispensable para la vida humana, por lo que no debe ser visto como una mercancía en donde las grandes comunidades que no tienen poder económico para pagar el servicio, no podrán accesar a él, viéndose obligados a acudir a medios insalubres para obtenerlo. Las estrategias neoliberales tratan de hacer ver la ineficiencia del Estado en la administración de sus recursos para poder así “extender sus brazos” y su influencia sobre los países que poseen este recurso y que por lo general son los más atrasados y dependientes de las políticas externas.  Por otro lado, se ha demostrado que la intervención  de la empresa privada en la administración del suministro de agua no significa mayor eficiencia, al contrario en muchas ocasiones se demuestra la falta de control organizativo  y  la falta de aprobación por parte de los oferentes por encontrarse en bajas condiciones de adquirir el vital recurso.

Además es importante evaluar si la meta acordada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en 2002,  de reducir el número de personas sin acceso a un servicio de saneamiento adecuado para el 2015 será realmente cumplida o solo quedara en palabras, ya que hasta la fecha, con la estrategia neoliberal de la privatización del agua, no se ha visto mejoría en el servicio, por el contrario, a través de los casos estudiados en el presente trabajo, puede darse cuenta de la crisis política, social y económica que ocasiona en los países  dependientes.

Todo ello nos conduce a  reflexionar sobre el camino que persiguen los nuevos intereses de las grandes potencias, ya no es la lucha por obtener el oro como sucedió en tiempos pasados, ni por la explotación del petróleo como ocurre actualmente,  la lucha se encamina en buscar el control de los pocos recursos naturales, como el “AGUA” que el mismo hombre ha destruido y de los cuales ningún ser viviente puede prescindir para su existencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

- Andile Mngxitama, “El Fin del Apartheid no fue el Fin de la Pobreza”.

www.socwatch.org.uy/es/informeImpreso/pdfs/sudafrica2002_esp.pdf

 

 

- Bárbara Garzón, “Johannesburgo y el agua de Nueva Jersey”, http://www.rebelion.org/africa/garson050203.htm

 

-  Cecilia Chérrez,  “Algo feo se cocina con el agua”,

www.lainsignia.org/2003/julio/ecol_013.htm

 

- Comisión presidencial de Modernización del Estado, “Evaluación del proceso de reforma y modernización de los servicios de agua potable y saneamiento: Honduras”, www.cepis.ops-oms.org/eswww/proyecto/repidics/publica/repindex/impri64b.html

 

-  Consejo mundial de iglesias, Foro Social Mundial,

 www.wcc-coc.org/wccwhat/ipc/workshops-s.html.

 

- Daniel Drosdoff, Conferencia BID: “Privatización Agua y Saneamiento América Latina”, www.iadb.org/exr/PRENSA/1997/cp25897c.htm

 

- David Hall, Universidad de Greenwich, La Internacional de Servicios Públicos (ISP), http://www.world-psi.org/psi.nsf/WebAllMessages/A348F0664B95psi.org/ Es_agua_en_manos_publicas.doc?OpenElement#_Toc522092952

 

-  Embajada de Sudáfrica., “Privatización de Sudáfrica”,

www. sudafrica.com/com/guiadenegocios/principales4.htm

 

- Especiales Choike, “La crisis de agua”,

http://www.choike.org/cgi-bin/choike/links_esp/page.cgi?p=ver_indepth&id=676

 

- Fredy Perdomo, “La privatización afectará a los más pobres”, www.tiempo.hn/edicante/2003/mayo/may28/finanzas/finanz3.htm

-  Informe de las Naciones Unidas, Agua: “Cuestión de Vida o Muerte”, www.un.org/spanish/events/water/Devidaomuerte.htm

 

 

- Nelly Soliman, “Municipalización no significa privatización,”

www.revistazo.com/nov-02/alc_nellysullivan.htm

 

- Oskar Aranda, “Privatización del agua en Honduras”, www.euskalherria.org/eu/2002/12/2882.shtml

 

- “Prevista otra disputa sobre privatización de agua en Ghana”, http://www.afrol.com/es/Noticias2002/gha012_agua.htm

 

- Rogerbate, “Privatización del agua clave contra mortalidad infanti”l, http://u.ar/novedades/contenido/articulosperiodisticos/privatización/iadb.org

 

 

 

 

 



[1] Art. 15 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, OMC.

[2] En 1995 Puerto Rico cedió en contrato la administración de su autoridad del agua, PRASA, a la mayor ETN del agua en el mundo, Vivendi, En agosto de 1999, un informe oficial condenó el contrato por fallos en todos los aspectos: deficiencias en el mantenimiento, la reparación, administración y funcionamiento de los acueductos y alcantarillas, los ciudadanos que solicitan ayuda no reciben ninguna respuesta, y algunos clientes dicen que no se les suministra agua, pero en cambio sí se les mandan puntualmente las cuentas por agua que no han recibido. David Hall, Universidad de Greenwich, La Internacional de Servicios Públicos

[3] Intel, recibe subsidios por parte del gobierno de México, por mas de 8 millardos de dólares, mediante un bono de industria, además de 250 mdd adicionales en crédito en el pago de impuestos y otros subsidios. . David Hall, Universidad de Greenwich, La Internacional de Servicios Públicos (ISP).

[4] Andile Mngxitama, “El Fin del Apartheid no fue el Fin de la Pobreza”.

[5] Articulo sobre la “Privatización en Sudáfrica”

[6] Cecilia Chérrez, “Algo feo se cocina con el agua”

[7] Según un informe del BM ese apoyo puede incluir: “contribuciones en dinero en efectivo durante el período de construcción; subsidios durante el período de explotación que puede incluir exenciones y reembolsos de impuestos sobre los costos de construcción y de explotación”.