UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES.
CURSO:
CATEDRÁTICO:
LIC. EFRAIN JOVEL REYES
ENSAYO SOBRE: PRIVATAZACION DEL AGUA Y SUS
IMPACTOS POLÍTICOS-SOCIALES. CASOS BOLIVIA, HONDURAS Y SUDÁFRICA 1995-2003
PRESENTADO POR:
GRACIA
IVONNE BONILLA MORÁN
LILIANA MICHELLE GIRON LOPEZ
IRIS YESENIA LEIVA MORENO
GRUPO:
02
CIUDAD UNIVERSITARIA, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003.
Privatización del
agua................................................................................................ 2
1. Caso Bolivia............................................................................................................ 3
1.1 Repercusiones político-sociales................................................................. 4
2. Caso
Honduras...................................................................................................... 5
2.1Repercusiones político-sociales................................................................... 6
3. Caso
Sudáfrica......................................................................................................... 8
3.1. Privatización del
servicio del agua.............................................................. 8
3.2. Repercusiones político-sociales................................................................. 9
Conclusión.................................................................................................................... 10
Bibliografía................................................................................................................... 12
PRIVATIZACION DEL AGUA Y SUS IMPACTOS
POLITICO-SOCIALES
CASOS: BOLIVIA, HONDURAS Y SUDÁFRICA
La destrucción progresiva del medio
ambiente, a causa del desarrollo tecnológico, comercial e industrial que está
experimentando la sociedad mundial ha conducido a la reducción significativa de
las reservas acuíferas a nivel global, así como a la contaminación de océanos,
mares y ríos. El problema más significativo del nuevo siglo será precisamente
la explotación indiscriminada del agua por parte de las empresas
transnacionales y países poderosos que pretenden apoderarse y administrar según
sus intereses dicho recurso. Así, el agua pasará de ser un bien social para
convertirse en un bien comercial, con un precio determinado, a razonamiento de
estas empresas y vendido al mejor postor, en el mercado nacional e
internacional, gracias a las facilidades y prestaciones que otorgan los países
huéspedes. Dentro de este contexto, la problemática se centra en el estudio y análisis
del impacto político-social, de los Estados que propician la privatización del
agua, en países en vías de desarrollo, tales como: Bolivia, Honduras y
Sudáfrica.
Asimismo, se puede evidenciar que
la privatización del agua trae consigo graves repercusiones en materia política
y social, ya que por un lado, se observa el papel de las grandes empresas
transnacionales de invadir y apropiarse de este vital recurso junto con las
facilidades de penetración que prestan los gobiernos para su inserción y por otro,
el rechazo de la ciudadanía a través de reclamos y levantamientos civiles en
contra de este fenómeno, casos como los que se dieron en: Bolivia, Honduras y
Sudáfrica.
Por tales consideraciones, se hace
necesario llevar a cabo un estudio critico del impacto político-social que
acarrea la privatización del agua, principalmente en países con débil economía
y que son poseedores de este vital líquido, así como el papel de las empresas
transnacionales, al planificar estrategias de penetración y adecuación de las
leyes internacionales a su conveniencia.
Por lo tanto, se pretende
identificar las principales repercusiones político-sociales que encierra la
privatización del agua y que se han visto reflejadas en naciones como: Bolivia,
Honduras y Sudáfrica. Así como también, reflexionar y criticar las políticas de
las Organizaciones Internacionales que tienden a favorecer los intereses de los
Estados más poderosos y la pasividad de los países periféricos de permitir el
ingreso y explotación de sus recursos naturales.
Privatización del agua
El sistema capitalista, si bien es cierto, demuestra poseer
elementos positivos que contribuyen al desarrollo económico de las sociedades,
no obstante contribuye al deterioro de factores fundamentales para la humanidad,
como es el medio ambiente; ya que este modelo supone la explotación y
transformación de los recursos naturales en productos comerciales. De esta
forma, el modelo capitalista crea y se
auxilia de organismos internacionales como: la Organización Mundial del Comercio
(OMC), Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI), para poder
legalizar las estrategias de liberalización de los mercados y facilitar la
penetración de las Empresas Transnacionales en zonas estratégicas del mundo.
Esto se evidencia en la normativa
interna de la OMC, a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS), que es el conjunto de normas multilaterales, firmada por los Estados
miembros de la OMC, que rigen el comercio internacional de todos los servicios[1],
siendo su fin principal la liberalización
y privatización de los servicios públicos, otorgando un marco
institucional con compromisos formales que se aplican a todos los países miembros de la OMC y a los que se subordinan
las políticas nacionales y tratados internacionales existentes sin fijar
limites de duración del proceso, hasta alcanzar la liberalización total y
estableciendo unas normas que lo hacen irreversible en la practica.
Respecto a la privatización del
agua existen tres formas de aplicación
a nivel mundial:
a)
Venta
total de los sistemas de distribución, tratamiento y/o almacenamiento por parte
del Estado, a favor de las Empresas Transnacionales (ETNs).
b)
Concesión
por parte de los Estados Nacionales para que las ETNs se hagan cargo del
servicio y del cobro por la operación y mantenimiento del sistema en uso,
siendo las ganancias gestionadas en su totalidad por estas mismas.
c)
Es un
modelo “restringido” en el que el Estado nacional contrata a una Empresa
Transnacional (ETN) para que administre el servicio de agua, a cambio de un
pago por costos administrativos. La ETN puede hacer o no cobro del servicio
pero en ambos casos no tiene acceso a las ganancias generadas. Aunque las tres
formas se han aplicado en diversas partes del mundo, la más popular, ha sido la
segunda.
Actualmente, el resultado del gran negocio del agua se
refleja en la intensa carrera por abrir el “acceso, gestión o usufructo” de ese
recurso al mercado global. En consecuencia, muchos países han seguido las
políticas de la OMC, dejando en manos privadas sus servicios públicos,
específicamente el agua, bajo el
argumento de la ineficiencia de la administración estatal, además, los gobiernos y municipalidades
generalmente esperan que las privatizaciones beneficien a su propia economía,
recurriendo al procedimiento de vender para reducir las deudas o déficit del
gobierno mismo. Pero ésto puede entrar en conflicto con las necesidades
financieras del servicio de agua, ya que el precio que está dispuesta a pagar
una empresa privada por una concesión depende del flujo de ganancias que pueda
esperar, las cuales a su vez, se verán afectadas por las tarifas que cobre a
los usuarios y de la generosidad de las condiciones, como la regulación, por
ejemplo. Así, lo que es bueno para la hacienda pública quizá no sea lo mejor
para los usuarios del servicio de agua. Este fenómeno se evidencia en muchos
países alrededor del mundo, pero para efectos del presente trabajo se
estudiaran los casos de: Honduras, Bolivia y Sudáfrica.
1. Caso: Bolivia
La privatización de las empresas
administradoras y distribuidoras del servicio de agua, son una muestra en
Bolivia de la conflictividad que implica dicho fenómeno y la incompatibilidad
entre la búsqueda de las ganancias con la provisión justa de servicios básicos.
El gobierno boliviano hizo aprobar una
ley de agua potable producto de una consultoría financiada por el BID a pesar
del rechazo total de los campesinos.
Dicha ley contiene una orientación mercantilista, asimismo preferencias
para concesionarios comerciales, desconocimiento de usos y costumbres y
creación de facto de un “zar”
(superintendente de aguas).
La Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario (Ley 2029), promulgada en Bolivia el 20 de octubre de 1999, que
privatiza esos servicios básicos, sin tomar en cuenta los altos costos sociales
y ambientales de tal medida, contó con el apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo, lo que generó la movilización en su contra de
amplios sectores del país.
Las
facilidades que la ley otorga a los concesionarios, como Aguas del Tunari, les
permiten proponer tarifas que desean cobrar que se constituyen en la base de
aprobación por parte de la Superintendencia. En consecuencia, esta empresa aplicó un "tarifazo" en la ciudad
de Cochabamba, motivo
por el cual se presenciaron serias revueltas, con lo que, de esta manera la población, dio a conocer su
desacuerdo por el alza desproporcionada
de tarifas, la firma de un contrato de concesión que lesiona seriamente la
economía de la población y la aprobación de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario.
La privatización del agua en Bolivia se dio por primera
vez en 1997 en La Paz, cuando el gobierno otorgó la concesión a la empresa
Aguas de Tunari, el cual es un consorcio dirigido por la empresa Bechtel.
En las ciudades de La Paz y El Alto (Bolivia), la
privatización del servicio se hizo por medio de una concesión. En 1999 la privatización del agua en
Cochabamba, fue una realidad; sin embargo, en 2002 la privatización pudo ser
revertida, luego de masivas movilizaciones civiles.
En Cochabamba después
de la distribución del agua, fue concesionada a Bechtel, la tarifa mensual
subió 400%, de 5 a 20 dólares. Esos 15 dólares de diferencia suponían la comida
de una familia en una semana y media. Bechtel, el problema que enfrenta esta
empresa es como ganar dinero vendiendo el agua, si el 60% de la población tiene
un ingreso per cápita de 80 centavos de dólar al día. La empresa de agua más grande de Estados Unidos, tuvo que
salir de Bolivia en 2002, pero demandó por 25 millones de dólares a Cochabamba
por las ganancias que dejó de percibir.
Frente a esta demanda, un conjunto de organizaciones e
instituciones de diferentes países
iniciaron una campaña para frenar este atropello. Producto
de un conjunto de acciones de lobby, una campaña de información y denuncia, la
máxima autoridad del gobierno municipal de San Francisco, California, EEUU, la
Mesa Directiva de Supervisores de San Francisco, donde tiene su sede la Bechtel
emitió una resolución en la que se exige a
la Corporación Bechtel y su subsidiaria boliviana, Aguas del Tunari, a que
retire inmediatamente su demanda punitiva legal en cortes internacionales
contra Bolivia y su pueblo, y de abstenerse de iniciar cualquier otro litigio o
demanda de mediación dentro o fuera de las fronteras de los EEUU con dicho
país sudamericano.
1.1.Repercusiones político-sociales
La experiencia boliviana respecto a la
concesión del sistema de agua, ha reflejado las siguientes repercusiones:
-
Conlleva a
reasignar costos que ellos mismos reconocen que producen efectos adversos al
bienestar social.
-
Existen
parámetros económicos exigidos por las instituciones financieras, es decir los
proponentes de la privatización buscan a través de las tarifas más elevadas
recuperar plenamente los costos de operación.
-
Con la
privatización del servicio, automáticamente se eliminan los subsidios directos
del estado
-
Existen
descontento social masivo sobre todo de las comunidades de escasos
recursos. En consecuencia, la reversión
de la privatización de Cochabamba
-
La empresa
privada dicta las tarifas que más le convenga y su lema es a mayor consumo del
servicio, mayor costo por unidad del agua, así las tarifas son elevadas para
todos.
-
La
privatización del agua acarrea altos costos sociales y daños ambientales
irreversibles.
-
Aumenta la
deuda externa, ya que organismos internacionales como el FMI y BM designan
millones de dólares para “supuestas adecuaciones y mejoramientos”de los
sistemas acuíferos.
Finalmente se puede afirmar sin duda que
las supuestas bondades de los procesos de privatización, específicamente en
Bolivia no son mas que artificios de los grandes capitalistas que solo buscan
exportar los recursos naturales del hemisferio y administrar el control de todo
aquello que pueda ser convertido en mercancía comercial, sin tomar en cuenta
las necesidades de la población.
2. Caso: Honduras
Honduras ha sido uno de los países que
ha experimentado algunos rasgos de la privatización, con la famosa
“municipalización”, ya que consiste en
dejar al municipio la administración del servicio de agua, dándole el gobierno
las facilidades y autorización de poder acudir a empresas privadas para que
desempeñen este trabajo. Este proceso ya esta siendo aplicado en varias
municipalidades del país con un éxito aparente, entre estas ciudades podemos
mencionar: las ciudades de Puerto Cortés y San Pedro Sula, en el departamento
de Cortes; y Catacamas en Olancho. El problema surge, actualmente cuando se
pretende la aprobación de una Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento
que sentará las bases jurídicas de un cuestionado proceso de municipalización
del servicio. La municipalización, para quienes se oponen al proceso, se
plantea como el paso previo a la privatización del servicio; a esto atribuyen
que éste es un modelo que no ha nacido en Honduras, cuya matriz no ha sido la
realidad hondureña sino que viene de organismos internacionales y por lo tanto,
no debe ser aprobada por sus habitantes ni mucho menos por quienes tienen el
poder político en el país. Sólo el Alcalde
de Tegucigalpa, la capital de Honduras en la que habitan ya un millón de
personas, ha dicho que a él no le interesa el proceso, pues su municipalidad no
tiene la capacidad técnica y financiera para administrar el servicio y que, es
seguro que, de aprobarse la municipalización, el agua potable de la capital
sería privatizada.
La privatización introduce una nueva
serie de exigencias financieras al sistema de suministro de agua que tienden a
aumentar las tarifas del agua, pero esto implica al mismo tiempo, dejar fuera a
la inmensa población, que siempre es la más pobre sin la obtención de este
vital recurso. La tendencia principal de las potencias y los países
industrializados es el control y la
monopolización de las fuentes de agua, y otra de las estrategias con la que
tratan de justificar su penetración en países como Honduras es, aludiendo que
éste ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas de agua a sus
ciudadanos y que por lo tanto hay que traspasar, concesionar, municipalizar,
donar o vender los sistemas de distribución a la empresa privada. Según ellos,
ésto volverá mucho mas eficiente el servicio, proporcionando mayor cobertura y
mejor administración de los recursos.[2]
2.1 Repercusiones político-sociales
Son muchas las repercusiones
político-sociales que vienen de la mano con este fenómeno, a continuación
presentaremos las mas importantes:
Ø
Las
reformas del Estado que son introducidas por medio de la OMC, BM, FMI,
comprometen a éstos a reducir el papel del sector publico y estimular la mayor
participación del sector privado, aunque ésto en muchas ocasiones vaya en
contra de los lineamientos jurídico-internos que rigen la soberanía de los
mismos.
Ø
El agua ha
sido declarada desde ya, en los organismos internacionales como: una mercancía que
puede lanzarse al mercado como un bien, un servicio o una inversión, razón por
la cual las empresas transnacionales pueden argumentar que de no abrirse al
mercado mundial y entonces a sus inversiones, se estaría cayendo en una
violación sancionable bajo las reglas del comercio internacional.
Ø
La
carencia de candados constitucionales que coloquen al agua y la biodiversidad,
como recursos estratégicos, en los casos mencionados, facilitan el saqueo,
incluso de modo “legal”.
Ø
Se supone,
que en un futuro no muy lejano se cree una intensificación de conflictos entre
los países especialmente desarrollados, por el control y usufructo de este
vital y singular recurso.
Ø Sin más que desear, los gobiernos
brindan mayores facilidades subsidiarias a las empresas multinacionales como
General Motors, Ford, Intel[3], tanto en los volúmenes como en su precio,
para el uso del agua; subsidios que deberían establecerse en obras directas
para el bienestar de la comunidad.
Ø Los principales afectados con la
realización de estos hechos son la inmensa mayoría de pobres, que especialmente
viven en estos países donde llega la privatización. Pero la crisis se agudiza
aun más, al tratarse de un recurso indudablemente necesario para la vida
humana.
Ø La población, proclama el derecho del
uso del agua por medio de fuertes levantamientos y marchas, creando
desequilibrios sociales en el interior de los países al oponerse a los cambios
que su gobierno ha ejecutado, sin consultar su aprobación a los más afectados.
Ø
Una alza
inevitable del costo del servicio, por parte de las empresas privadas, ya que
éstas hacen una evaluación de cobros, sin tomar en cuenta la capacidad de pago
de sus oferentes. En tales casos, la extensión del acceso al agua, deja de ser
una cuestión de política y depende de las fuerzas del mercado.
Ø
La corrupción es un rasgo
constante de los procesos de privatización. Una empresa puede pagar para que se
la incluya en la lista de licitantes idóneos o para restringir el número de
ellos. Puede pagar para obtener una evaluación baja de la propiedad pública que
se va a arrendar o liquidar, o para ser favorecida en el proceso de selección.
Las empresas que pagan recompensas pueden esperar, no sólo obtener el contrato
o ganar en la subasta de privatización, sino conseguir subsidios eficaces,
ventajas de monopolio y laxitud de la regulación en el futuro.
Ø
La privatización del agua,
en muchos casos, acarrea mayores
niveles de desempleo, pues de esta forma reducen los costos de producción y
ésto les genera mayores ganancias.
Ø
Es muy
probable, que en el futuro se dependa
aun más de la ayuda de los países desarrollados, ya no sólo financieramente
sino también de la dotación de agua para sobrevivir.
La privatización del agua en Honduras,
es uno de los tantos casos que se están suscitando en a nivel latinoamericano.
Actualmente, se ha logrado parar momentáneamente la aprobación de la Ley de
Aguas (que nunca fue concertada), debido a las masivas y violentas
manifestaciones de los sectores populares hondureños frente al Congreso
Nacional (octubre-2000).
En 1996, el BM implementó la
Estrategia de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR) en Sudáfrica, hecho
que ha provocado graves consecuencias que han conducido al país a una crisis de
pobreza y a levantamientos sociales. El
problema es que la estrategia neoliberal no puede imponerse por encima de la
opinión de la población, que es a la que le toca pagar las consecuencias de su
fracaso. Además, es de tomar en cuenta que más del 10% de los sudafricanos
carecen de alguna fuente de ingresos y casi el 50% viven por debajo de la línea
de la pobreza[4].
En este sentido, el gobierno está
siguiendo la política de vender una parte de las acciones de sus instituciones
estatales a uno o varios socios estratégicos, normalmente a empresas internacionales,
para así, mejorar la eficiencia en la gestión de las primeras. Al mismo tiempo,
reserva una parte de las acciones para el National Empowerment Fund, fondo
creado por el gobierno para controlar que las acciones de las empresas públicas
privatizadas vayan destinadas a favor de grupos anteriormente marginados que se
repartirían entre los trabajadores de la empresa, las instituciones financieras
y empresas
controladas por grupos previamente marginados.
Este conjunto de privatizaciones ha proporcionado ingresos al gobierno de 7339 millones de rands[5].
3.1. Privatización del servicio del agua
Desde 1996, más de 10 millones de
sudafricanos han perdido el acceso al agua como consecuencia de la
privatización, que ha provocado un alza de las tarifas hasta en un 600%.[6]
Contrario a ello, la ONU expresa en uno de sus informes publicado en diciembre
de 2002 sobre el agua y las metas globales alcanzadas, puesto que dice que de
la población total de 42 millones, 14 millones carecían de agua potable limpia
en 1994, pero que en siete años Sudáfrica ha reducido esta última cantidad a la
mitad.
En el año 2000, la autoridad
pública en el caso de las aguas de KwaZulu-Natal impuso nuevas tarifas que trajo como consecuencia el corte del
servicio a muchas familias, quienes se vieron obligadas a abastecerse de agua
de ríos más cercanos, lo que provocó la muerte
de 300 personas y que más de 1200 se infectaran de cólera.
Por otro lado, el sector privado muchas veces se beneficia de un considerable apoyo financiero de las autoridades públicas, que debe ser reconocido de forma apropiada en todo proceso decisorio[7]. Un ejemplo sería el caso de Nelspruit, capital de la provincia de Mpumalanga, Sudáfrica, en donde se han aplicado múltiples formas de apoyo al sector privado, mediante el cual el suministro de agua se otorgó por contrato en 1999 a una concesión privada, administrada por la ETN británica Biwater. El principal argumento presentado a favor de la concesión, fue la de atraer financiación privada. La actividad privada se ha beneficiado de una nueva planta de tratamiento de agua en Matsulu, un suburbio de Nelspruit, que fue financiada por el gobierno de Portugal y construida por el gobierno sudafricano, pero que está cediendo gratuitamente al nuevo operador privado. En julio de 2000, casi dos tercios de la financiación total del proyecto los obtuvo la Biwater mediante un préstamo de 125 millones de Rand concedido por el Banco de Desarrollo de Sudáfrica de propiedad estatal.
3.2. Repercusiones político-sociales
Finalmente puede concluirse que las
consecuencias político-sociales que ha sufrido Sudáfrica a causa de la
privatización del agua son las siguientes:
-
El
descontento general de la población, sobre todo de la de escasos recursos, ha
dado lugar a movilizaciones sociales pronunciándose en contra de los efectos
que ha acarreado este tipo de política neoliberal.
-
Estos
levantamientos sociales, reflejados en las huelgas sindicales y protestas de
comunidades que quedaron sin el servicio, provocaron una inestabilidad política
contemplada a través del ambiente antidemocrático que vivía el país.
-
Alza
en las tarifas argumentado en la eficiencia del servicio aunado a la nueva
tecnología con la que la empresa privatizadora pretendía auxiliarse para
brindarlo a la población.
-
Por
consiguiente, ante un alza del 600% en las tarifas, la población se vio
afectada y muchos no alcanzaban a pagar dichas tarifas; por lo que el gobierno acudió al corte del servicio
dejándoles sin acceso al vital líquido a muchas familias.
-
En
consecuencia, la población tuvo que arreglárselas para tener agua en sus casas,
por lo que se vieron obligadas a acudir a ríos cercanos en donde muchos
adquirieron enfermedades bacterianas y parasitarias que llevó algunos a la
muerte.
En resumen, el gobierno sudafricano
se ha comprometido a implementar y acelerar el proceso de privatización con el
objetivo de optimizar los recursos de inversión y proporcionar oportunidades
para fortalecer la economía de la
población, objetivo que hasta la fecha no ha sido alcanzado; ya que debido a
estas privatizaciones Sudáfrica está sufriendo de una pobreza extrema,
profundizada por la inaccesibilidad del liquido.
De acuerdo a lo establecido
anteriormente, se puede concluir que la privatización del agua trae consigo
graves consecuencias tanto sociales como políticas para la población, puesto
que este es un recurso indispensable para la vida humana, por lo que no debe
ser visto como una mercancía en donde las grandes comunidades que no tienen
poder económico para pagar el servicio, no podrán accesar a él, viéndose
obligados a acudir a medios insalubres para obtenerlo. Las estrategias
neoliberales tratan de hacer ver la ineficiencia del Estado en la
administración de sus recursos para poder así “extender sus brazos” y su
influencia sobre los países que poseen este recurso y que por lo general son
los más atrasados y dependientes de las políticas externas. Por otro lado, se ha demostrado que la
intervención de la empresa privada en
la administración del suministro de agua no significa mayor eficiencia, al
contrario en muchas ocasiones se demuestra la falta de control
organizativo y la falta de aprobación por parte de los
oferentes por encontrarse en bajas condiciones de adquirir el vital recurso.
Además es importante evaluar si la meta
acordada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en
2002, de reducir el número de personas
sin acceso a un servicio de saneamiento adecuado para el 2015 será realmente
cumplida o solo quedara en palabras, ya que hasta la fecha, con la estrategia
neoliberal de la privatización del agua, no se ha visto mejoría en el servicio,
por el contrario, a través de los casos estudiados en el presente
trabajo, puede darse cuenta de la crisis política, social y económica que
ocasiona en los países dependientes.
Todo ello nos conduce a reflexionar sobre el camino que persiguen
los nuevos intereses de las grandes potencias, ya no es la lucha por obtener el
oro como sucedió en tiempos pasados, ni por la explotación del petróleo como
ocurre actualmente, la lucha se
encamina en buscar el control de los pocos recursos naturales, como el “AGUA”
que el mismo hombre ha destruido y de los cuales ningún ser viviente puede
prescindir para su existencia
BIBLIOGRAFÍA
- Andile Mngxitama, “El Fin del
Apartheid no fue el Fin de la Pobreza”.
www.socwatch.org.uy/es/informeImpreso/pdfs/sudafrica2002_esp.pdf
-
Bárbara Garzón, “Johannesburgo y el agua de Nueva Jersey”, http://www.rebelion.org/africa/garson050203.htm
-
Cecilia Chérrez, “Algo feo se
cocina con el agua”,
www.lainsignia.org/2003/julio/ecol_013.htm
- Comisión presidencial de
Modernización del Estado, “Evaluación del proceso de reforma y modernización
de los servicios de agua potable y saneamiento: Honduras”,
www.cepis.ops-oms.org/eswww/proyecto/repidics/publica/repindex/impri64b.html
- Consejo mundial de iglesias, Foro Social
Mundial,
www.wcc-coc.org/wccwhat/ipc/workshops-s.html.
- Daniel Drosdoff, Conferencia BID:
“Privatización Agua y Saneamiento América Latina”,
www.iadb.org/exr/PRENSA/1997/cp25897c.htm
- David Hall, Universidad de
Greenwich, La Internacional de Servicios Públicos (ISP),
http://www.world-psi.org/psi.nsf/WebAllMessages/A348F0664B95psi.org/
Es_agua_en_manos_publicas.doc?OpenElement#_Toc522092952
- Embajada de
Sudáfrica., “Privatización de Sudáfrica”,
www. sudafrica.com/com/guiadenegocios/principales4.htm
- Especiales Choike, “La crisis de agua”,
http://www.choike.org/cgi-bin/choike/links_esp/page.cgi?p=ver_indepth&id=676
- Fredy Perdomo, “La
privatización afectará a los más pobres”,
www.tiempo.hn/edicante/2003/mayo/may28/finanzas/finanz3.htm
- Informe de las Naciones Unidas, Agua: “Cuestión de Vida o Muerte”, www.un.org/spanish/events/water/Devidaomuerte.htm
- Nelly
Soliman, “Municipalización no significa privatización,”
www.revistazo.com/nov-02/alc_nellysullivan.htm
- Oskar Aranda, “Privatización
del agua en Honduras”, www.euskalherria.org/eu/2002/12/2882.shtml
- “Prevista otra disputa sobre
privatización de agua en Ghana”, http://www.afrol.com/es/Noticias2002/gha012_agua.htm
- Rogerbate, “Privatización del
agua clave contra mortalidad infanti”l,
http://u.ar/novedades/contenido/articulosperiodisticos/privatización/iadb.org
[1] Art. 15 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, OMC.
[2]
En 1995 Puerto Rico cedió en contrato la administración de su autoridad del
agua, PRASA, a la mayor ETN del agua en el mundo, Vivendi, En agosto de 1999,
un informe oficial condenó el contrato por fallos en todos los aspectos:
deficiencias en el mantenimiento, la reparación, administración y
funcionamiento de los acueductos y alcantarillas, los ciudadanos que solicitan
ayuda no reciben ninguna respuesta, y algunos clientes dicen que no se les
suministra agua, pero en cambio sí se les mandan puntualmente las cuentas por
agua que no han recibido. David Hall, Universidad de Greenwich, La
Internacional de Servicios Públicos
[3] Intel,
recibe subsidios por parte del gobierno de México, por mas de 8 millardos de
dólares, mediante un bono de industria, además de 250 mdd adicionales en
crédito en el pago de impuestos y otros subsidios. . David Hall, Universidad de
Greenwich, La Internacional de Servicios Públicos (ISP).
[4] Andile
Mngxitama, “El Fin del Apartheid no fue el Fin de la Pobreza”.
[5] Articulo
sobre la “Privatización en Sudáfrica”
[6] Cecilia
Chérrez,
“Algo
feo se cocina con el agua”
[7] Según un informe del BM ese apoyo puede incluir: “contribuciones en dinero en efectivo durante el período de construcción; subsidios durante el período de explotación que puede incluir exenciones y reembolsos de impuestos sobre los costos de construcción y de explotación”.